La ONU abrió este lunes en Ginebra las negociaciones que buscan alcanzar un tratado que luche contra recursos genéticos y propiedad intelectual, la explotación de recursos genéticos que afectan no solo a la naturaleza sino también a los saberes tradicionales de los pueblos indígenas, tras más de dos décadas de conversaciones.

«Las negociaciones no serán fáciles», advirtió Daren Tang, director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo de la ONU.

Los 193 Estados miembros de la OMPI estarán reunidos en la ciudad suiza de Ginebra hasta el 24 de mayo para intentar encontrar un acuerdo por consenso.

«Podemos mostrar que no hay contradicción entre un régimen de propiedad intelectual sólido y previsible –que alienta la innovación, atrae inversiones y estimula la investigación– y un régimen que responde a las necesidades de todos los países y de todas las comunidades, incluidas las de los pueblos indígenas y de las comunidades locales», añadió.

El proyecto de acuerdo estipula que quienes depositen demandas de patentes deberán divulgar el país de origen del que obtuvieron los recursos genéticos empleados para la invención y el pueblo autóctono que les proporcionó los conocimientos tradicionales asociados al invento.

Más de una treintena de países exigen que se divulgue el origen de las innovaciones, la mayoría de ellos países en desarrollo, como China, Brasil, India y Sudáfrica, pero también países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Suiza.

Sin embargo, estos procedimientos varían y no siempre son obligatorios.

Kenia, hablando a nombre de los países africanos, señaló que el tratado debe ser más completo e incluir «requisitos de divulgación obligatoria»

«Tenemos claro como nuestras comunidades con frecuencia han sido marginadas y excluidas de los beneficios derivados de la comercialización y el uso de sus conocimientos y recursos», afirmó Kenia.

«Se trata de luchar contra la biopiratería, es decir el uso de saberes tradicionales o de recursos genéticos sin el acuerdo de quienes los poseían y sin que estos puedan beneficiarse», explicó el jefe de la delegación francesa, Christophe Bigot.

Estos recursos –como las plantas medicinales, las variedades vegetales y las especies animales– son cada vez más utilizados en numerosos inventos para la investigación y las industrias cosméticas, de medicamentos, de biotecnología o de complementos alimentarios.

Como por el momento no es obligatorio publicar el origen de las innovaciones, a muchos países en vías de desarrollo les preocupa que se concedan patentes sin el conocimiento de los pueblos autóctonos o que se den para inventos que realmente no lo son.

Quienes se oponen al tratado temen que esto ponga trabas a la innovación.

Para los partidarios «esto contribuirá a garantizar que estos saberes y recursos sean usados con la autorización de los países o de las comunidades de donde proceden, lo que les permitirá beneficiarse de los inventos de una manera o de otra», según Wend Wendland, director de la División de Conocimientos Tradicionales del OMPI.

«Aunque el nuevo instrumento [jurídico] no crea nuevos derechos, su adopción acabaría con más de dos décadas de negociaciones sobre una cuestión de gran importancia para numerosos países», indicó.

El proyecto de texto encalla principalmente en el establecimiento de sanciones y las condiciones para anular las patentes.

Hace dos años, los países decidieron convocar una conferencia con el fin de concluir un acuerdo, como muy tarde, en 2024.

Solo Estados Unidos y Japón se «desvincularon oficialmente de la decisión», aunque sin oponerse al consenso.

La embajadora estadounidense Sheba Crocker insistió en que su país «se esforzará por lograr un resultado que mejore la transparencia y que no afecte los objetivos políticos ni los fundamentos del sistema de patentes».

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© Agence France-Presse

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