Los países de la UE tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre un proyecto de ley que permita obligar a las plataformas y servicios de mensajería privada a detectar imágenes y videos de carácter pedófilo, una legislación cuya preparación está plagada de controversias.

«Los abusos sexuales cometidos contra los niños son un crimen silencioso. La detección es muy importante», declaró el jueves la comisaria europea encargada del asunto, Ylva Johansson, en una reunión con los ministros europeos del Interior en Luxemburgo.

El texto fue objeto de debate pero no se sometió a votación debido a las divergencias persistentes entre los 27.

La propuesta presentada en mayo de 2022 por la comisaria sueca tiene por objeto luchar contra la proliferación de imágenes y videos relativos a abusos sexuales de niños y contra la captación de niños por pedófilos, estableciendo nuevas obligaciones de detección y, posteriormente, de notificación a las autoridades.

Las ONG de protección de la vida privada, los eurodiputados y algunos Estados miembros están alarmados por una posible vigilancia generalizada de las comunicaciones privadas y por el fin de la confidencialidad de las comunicaciones, ya que incluso las mensajerías cifradas (Signal, Telegram, WhatsApp…) se verían afectados.

Algunos también están preocupados por los posibles errores relacionados con el uso de la IA para detectar contenidos delictivos infantiles.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, insistió el jueves en la necesidad de «cambiar las disposiciones relativas a las comunicaciones cifradas».

Algunas plataformas ya utilizan voluntariamente tecnologías para detectar y denunciar este contenido, como Facebook o Google.

Pero, según la Comisión, es insuficiente. Incluso esta detección voluntaria podría terminar, ya que la legislación europea temporal que la autoriza expira en 2024.

La propuesta del ejecutivo europeo establece la obligación de los proveedores de servicios de comunicación de adoptar medidas preventivas para evitar la difusión de fotografías o videos de carácter pedófilo ya identificados o recientemente producidos.

Se trata también de vigilar las posibles solicitaciones de niños con fines sexuales («Grooming»).

Cuando exista un riesgo importante de que un servicio de comunicaciones se utilice indebidamente, una autoridad judicial o administrativa independiente podría emitir una orden de detección.

El proveedor tendría entonces la obligación de analizar automáticamente el contenido de las comunicaciones a través de este servicio, y no únicamente el de las personas sospechosas de tales actos.

alm/mad/ial/mab/mb

© Agence France-Presse