Boeing informó este lunes que alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DoJ) estadounidense en el caso penal por los accidentes de dos aviones 737 MAX en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas.

«Hemos alcanzado un acuerdo de principio sobre los términos de una resolución con el Departamento de Justicia», informó Boeing en un comunicado enviado a la AFP.

El acuerdo se produce después de que los fiscales determinaran que el gigante estadounidense de la aviación incumplió un acuerdo previo sobre los accidentes ocurridos en Etiopía e Indonesia.

Las familias de las víctimas pidieron al tribunal que rechace el acuerdo en una próxima vista, alegando que «hace injustamente unas concesiones a Boeing que otros acusados nunca recibirían».

Según documentos judiciales presentados en Texas el domingo, la empresa aceptó declararse culpable de «conspiración para defraudar a Estados Unidos» durante la certificación de los aviones MAX.

Boeing será multada en virtud del acuerdo y deberá invertir un mínimo de 455 millones de dólares en «programas de cumplimiento y seguridad».

La indemnización a los familiares de las víctimas será determinada por el tribunal.

El DoJ determinó en mayo que la empresa ignoró un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) de 2021 al no acatar los requisitos para mejorar sus programas de ética y cumplimiento después de los accidentes.

Familias de las víctimas se declararon «muy decepcionadas» por el acuerdo entre Boeing y el DoJ, indicó un abogado de la firma Clifford Law, que los representa.

«Los últimos cinco años se ha presentado mucha más evidencia que demuestra que la cultura de Boeing de poner el lucro por encima de la seguridad no ha cambiado. Este acuerdo de culpabilidad no hace sino fomentar ese objetivo corporativo», declaró el abogado Robert A. Clifford en un comunicado.

Catherine Berthet, que perdió a su hija Camille en el accidente de Ethiopian Airlines, lamentó el lunes: «El sistema judicial estadounidense, que debería ser un ejemplo para todo el mundo, está mostrando de hecho una vergonzosa complacencia hacia quienes priorizan la rentabilidad y la imagen a corto plazo sobre la seguridad de (sus) pasajeros».

«Una vez más, (…) el DoJ ignora a las familias al no mencionar a ninguna de las víctimas en el acuerdo», subrayó.

Tras los dos accidentes, todos los 737 MAX fueron inmovilizados durante veinte meses en Estados Unidos y el resto del mundo. En abril de 2019 Boeing admitió que su software de manejo de vuelo MCAS tenía parte de la culpa.

En virtud del acuerdo de 2021, Boeing pagó 2.500 millones de dólares a cambio, entre otras cosas, de inmunidad para sus ejecutivos frente a procesos penales.

Sólo una persona, un antiguo piloto de pruebas de Boeing, fue procesada en este caso. Fue absuelto.

El periodo de prueba de tres años expiraba este año. Pero en enero, Boeing volvió a entrar en crisis cuando un avión 737 MAX de Alaska Airlines se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que se desprendiera un panel del fuselaje en pleno vuelo.

En una carta enviada el 14 de mayo al tribunal estadounidense, los funcionarios del DoJ afirmaron que Boeing incumplió sus obligaciones en virtud del DPA al «no diseñar, implementar y hacer cumplir un programa de cumplimiento y ética para prevenir y detectar infracciones de las leyes de fraude de Estados Unidos».

En tanto, el regulador aeronáutico estadounidense (FAA) anunció el lunes que más de 2.600 aviones Boeing 737 tendrán que ser inspeccionados «inmediatamente», debido a la preocupación de que las máscaras de oxígeno de los pasajeros pueden fallar en caso de emergencia.

Según la FAA, esta inspección debe llevarse a cabo «en un plazo de 120 a 150 días» en «ciertos aviones Boeing 737-8, 9, -8200, -700, -800 y -900ER», es decir las generaciones antiguas y nuevas.

Varios informes citados por el regulador indican que los equipos situados encima de los asientos con iluminación y ventilación, desde los que salen las máscaras de oxígeno en caso de emergencia, se han desplazado debido a un «fallo de enganche».

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